Ulises Lara ha presentado este martes su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), marcando un giro inesperado en el proceso de investigación que lideraba desde enero como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Lara, quien fue designado por Ernestina Godoy, la nueva fiscal general, tenía bajo su responsabilidad el delicado caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve altos funcionarios estatales tras las explosivas acusaciones de narcotráfico emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde el inicio de la investigación interna, la opacidad y el hermetismo han sido constantes, lo que ha alimentado la especulación y las presiones diplomáticas. Fuentes federales señalan que la renuncia de Lara obedece, en parte, a la creciente presión proveniente de Estados Unidos, que ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su habitual conferencia matutina, instó a la FGR a informar sobre los avances en la investigación del caso Rocha, demandando transparencia en un proceso que se ha mantenido prácticamente en secreto durante más de dos meses. Además, Sheinbaum exigió información sobre el caso de El Mayo Zambada, cuyo arresto en territorio estadounidense hace dos años, tras una supuesta traición interna en el Cártel de Sinaloa, desató una crisis sin precedentes en la región del Pacífico. Este episodio ha sido instrumentalizado por el gobierno mexicano para denunciar el injerencismo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, convirtiéndose en un tema central en la agenda política y de seguridad nacional.
El abordaje del caso Rocha ha sido doble: por un lado, el plano político ha girado en torno a la defensa de la soberanía nacional, con propuestas de reformas constitucionales para blindar los procesos electorales ante posibles injerencias extranjeras; por otro, en el terreno jurídico, la FGR inició una investigación propia cuyos avances, hasta el momento, son prácticamente nulos. La falta de resultados concretos en la pesquisa ha generado incertidumbre tanto en México como en Estados Unidos, donde se espera una respuesta firme y coordinada. El desenlace de la investigación será determinante para los próximos pasos diplomáticos y judiciales a ambos lados de la frontera.
Sheinbaum declaró este martes que, mientras la FGR continúa con sus indagatorias, el gobierno de Estados Unidos no ha enviado pruebas adicionales que sustenten las acusaciones. La solicitud inicial del Departamento de Justicia, presentada a finales de abril, se limitó a pedir la detención provisional de los acusados, otorgando un plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición, un procedimiento que, según las autoridades mexicanas, aún no ha avanzado. Esta situación ha intensificado el ambiente de tensión, pues la falta de cooperación y de avances concretos pone en entredicho la efectividad de la colaboración bilateral en materia de justicia y seguridad.
El caso Rocha representa una prueba crucial para la gestión de Ernestina Godoy y, por extensión, para la presidenta Sheinbaum, que apostó por un cambio profundo en la FGR tras la controvertida salida de Alejandro Gertz Manero. La llegada de Godoy, una figura cercana y de confianza en el círculo político de la mandataria, fue vista como una oportunidad para recuperar la credibilidad de la institución. Sin embargo, la permanencia del caso Rocha en punto muerto y la apertura de un nuevo frente con el caso Zambada -en el que la presidenta ha señalado al FBI como posible partícipe de una traición interna en el Cártel de Sinaloa- muestran la complejidad de una batalla que va más allá de las fronteras mexicanas y que pone a prueba la capacidad del gobierno para resistir las presiones externas mientras defiende la soberanía nacional.
