La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó nuevamente que esté negociando con autoridades de Estados Unidos, luego de la difusión de un segundo audio en el que sostiene una conversación con personas que se presentan como intermediarios de ese país. La mandataria afirmó que los contactos a los que hace referencia la grabación formaron parte de una coordinación institucional en materia de seguridad y rechazó que existiera algún acuerdo o negociación personal con el gobierno estadounidense.
La nueva grabación fue dada a conocer por el diario El Universal y se suma a un primer audio difundido semanas atrás. En esta ocasión, la conversación incluye referencias a posibles escenarios legales y a la disposición de la gobernadora para colaborar con información derivada de las mesas de seguridad, situación que generó nuevas reacciones en el ámbito político. Tras la publicación, Ávila Olmeda sostuvo que las expresiones contenidas en el audio fueron sacadas de contexto y reiteró que nunca buscó negociar beneficios personales con autoridades de Estados Unidos.
Mediante un posicionamiento público, la mandataria explicó que las personas con quienes habló se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, aunque, según señaló, nunca acreditaron formalmente esa representación. Agregó que durante esos contactos no se presentó documentación oficial ni requerimientos por parte de alguna dependencia del gobierno de Estados Unidos.
Marina del Pilar indicó que las referencias a compartir información corresponden exclusivamente a la cooperación institucional que mantiene el Gobierno de Baja California con autoridades mexicanas y estadounidenses para atender asuntos de seguridad fronteriza, una coordinación que, aseguró, se desarrolla mediante los canales oficiales previstos por la ley.
La difusión del segundo audio ocurre en un contexto marcado por la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora en 2025 y por las versiones periodísticas relacionadas con presuntas investigaciones de autoridades de Estados Unidos. Desde la publicación del primer audio, Ávila Olmeda ha sostenido que inició gestiones legales para solicitar la reconsideración de esa medida migratoria y ha rechazado que exista una investigación penal en su contra o que haya intentado alcanzar acuerdos al margen de los procedimientos institucionales.
Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento público sobre el contenido de las nuevas grabaciones. Por su parte, la gobernadora mantiene que su actuación se ha desarrollado dentro del marco legal y que los contactos referidos en los audios no constituyen negociaciones con autoridades estadounidenses, sino conversaciones derivadas de un contexto de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
