La noche del 14 de julio de 2026, la regidora de Tecate, María Quijada, integrante del partido Morena, fue víctima de un ataque armado que conmocionó a la comunidad política y social de Baja California. Según los primeros reportes, el atentado ocurrió mientras la regidora y su esposo, Jesús Pereyra, circulaban en su vehículo por calles del fraccionamiento Hacienda, en el municipio fronterizo de Tecate. Testigos señalaron que sujetos armados interceptaron el automóvil y abrieron fuego en su contra, desatando una ola de preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en la región.
El ataque armado dejó como saldo la muerte inmediata de Jesús Pereyra, esposo de la regidora, quien fue identificado por autoridades locales y medios de comunicación. María Quijada, por su parte, resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital en la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos, para recibir atención médica especializada. La gravedad de su estado generó incertidumbre entre sus familiares, colegas y simpatizantes, quienes se mantuvieron a la espera de información oficial sobre su evolución.
A pesar de las versiones iniciales difundidas por medios locales y redes sociales, las autoridades mexicanas no confirmaron de inmediato el fallecimiento de la regidora. Algunos familiares de María Quijada aseguraron, en declaraciones recogidas por la prensa, que ella también habría perdido la vida a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Baja California indicó que continuaban con las investigaciones y que cualquier actualización sería comunicada de manera oficial para evitar rumores y especulaciones.
Este episodio violento ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las figuras políticas en México, especialmente en regiones fronterizas como Baja California, donde la incidencia del crimen organizado ha afectado la vida pública y la estabilidad institucional. El atentado contra la regidora María Quijada reavivó el debate sobre la protección que reciben los funcionarios municipales, así como la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el futuro cercano.
En tanto, la comunidad de Tecate y representantes políticos de diversos partidos expresaron su solidaridad con la familia de la regidora y exigieron el esclarecimiento de los hechos. Organizaciones civiles y colectivos feministas también reclamaron justicia y pidieron que el caso no quede impune, subrayando la importancia de garantizar la integridad de las mujeres que participan en el ámbito político. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades estatales y federales, quienes han prometido una indagatoria exhaustiva para dar con los responsables del ataque y llevarlos ante la justicia.
