El panorama económico y financiero de Baja California para el año 2026 se presenta complicado ante el aumento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la desaparición constante de empresas formales, lo que ha generado preocupación entre los sectores productivos y empresariales de la región. De acuerdo con Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, la situación es crítica y requiere de una reforma fiscal tanto a nivel estatal como nacional para evitar el colapso de más unidades económicas y frenar la pérdida de empleos. Durante su participación en el desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), enfatizó que la problemática fiscal impacta directamente en la competitividad de la entidad y la calidad de vida de sus habitantes.
Según datos presentados por Lyle Fritch, el país arrastra un déficit fiscal que en 2026 se estima en 1.393 billones de pesos, cifra que evidencia un crecimiento sostenido en los últimos años: 1.17 billones en 2025, 1.69 billones en 2024 y 1.13 billones en 2023. Esta tendencia alcista ha derivado en un aumento considerable de la deuda pública, que pasó de 10.5 a más de 20 billones de pesos en los últimos siete años. El dirigente recalcó que este endeudamiento creciente ha obligado a recortar presupuestos en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, mientras la presión fiscal sobre el sector formal se intensifica cada vez más.
Uno de los factores que más preocupa al sector empresarial es el avance de la informalidad en México. Lyle Fritch señaló que actualmente el 55% de las empresas operan fuera del marco formal, lo que significa que la carga tributaria recae casi exclusivamente sobre el 45% de los negocios que cumplen con sus obligaciones fiscales. En Baja California, la situación se agrava con la pérdida constante de empresas: en los últimos cuatro años, aproximadamente 40 mil unidades económicas han cerrado sus puertas, con un promedio mensual cercano a las 900. Esta tendencia, advirtió, continuará si no se implementan estímulos fiscales y se reduce la presión impositiva sobre los empresarios.
El presidente del CCE Tijuana reiteró la importancia de revisar a fondo impuestos estatales como el Impuesto Sobre Nómina, cuyo incremento en 2023 ha sido objeto de críticas por parte de los empresarios. Asimismo, consideró urgente replantear el equilibrio entre el gasto social y la inversión productiva, ya que actualmente se destina más presupuesto a programas asistenciales que a infraestructura y seguridad, lo que a su juicio limita el crecimiento económico y desalienta la generación de empleos formales. Lyle Fritch insistió en que la falta de incentivos para la formalización y el aumento de la carga tributaria pueden tener consecuencias irreversibles para el tejido empresarial de la región.
Por su parte, el presidente de la AMCP, Martín Guisado Valdez, coincidió en la gravedad del panorama y subrayó que las cifras oficiales reflejan una presión cada vez mayor sobre los contribuyentes formales y un endeudamiento acelerado que pone en riesgo la estabilidad económica futura. «Son datos que preocupan, porque el endeudamiento sigue creciendo y el gasto no siempre se orienta a las áreas que detonan el desarrollo económico, entonces es algo en lo que el gobierno debe poner mucha atención», expresó. Finalmente, Guisado Valdez advirtió que 2026 será un año complejo en materia fiscal, caracterizado por mayores atribuciones a la autoridad y una política recaudatoria más estricta, por lo que consideró indispensable que el gobierno impulse una reforma fiscal integral que permita enfrentar estos desafíos y garantizar la viabilidad económica del estado y del país.
